En 1982 se constituyó la Comunidad Autónoma de Castilla y León para 2247 municipios, en los que residían unos 2 millones y medio de habitantes. De esa población, dos tercios de quienes viven hoy eran menores de edad. Cuarenta años después, con cien mil personas menos, la coyuntura política merece que hagamos unas valoraciones.
La convocatoria de elecciones anunciada el pasado 20 de diciembre debería situar a esta Comunidad Autónoma en el centro del debate político con una atención excepcional. Y no por la capacidad de tener una agenda propia, en este caso para marcar su calendario electoral, sino todo lo contrario: por las reiteradas muestras de su situación subordinada.
Contemplamos con indignación generalizada cómo se convocan unas elecciones por pura conveniencia partidista del presidente actual, Alfonso Fernández Mañueco. Bien por una estrategia interna de su partido para elevar a VOX a socio preferente, bien para evitar el coste político de los casos de corrupción interna que le acosan, la convocatoria electoral no responde a ningún motivo de supuesto interés general. Las Cortes de Castilla y León están cautivas al capricho de unos pocos, pervirtiendo el significado del autogobierno prometido en la transición.
Pero esta situación de cautiverio y subordinación es generalizada y se manifiesta, más allá de la política electoral, en la ausencia de planes económicos propios o en el abandono de las expresiones culturales autóctonas. Vemos como desde la Administración regional se abraza cualquier intervención extranjera frente a posibles desarrollos locales, ya sea desde las asentadas grandes empresas de la automoción o las nuevas inversiones en macrogranjas y parques industriales de energías «renovables». También vemos cómo se desprotege el patrimonio natural y cultural, cómo la lengua leonesa ha sido completamente relegada al olvido o cómo la Junta de Castilla y León intenta sistemáticamente pervertir la figura de los Comuneros de Castilla o de Miguel Delibes para que les rindan pleitesía .
Las consecuencias de esta subordinación institucional tienen efectos desgraciados y devastadores. La despoblación es uno de esos efectos, vaciando amplios territorios mientras se masifican las zonas periurbanas. Desde 1970 sólo el 4% de los municipios han aumentado su población. Al mismo tiempo, esas zonas vaciadas se utilizan como graneros de materias primas para el resto del Estado. Por ejemplo, se produce un 200% de la energía eléctrica que se consume. El efecto más devastador de la subordinación de este territorio lo hemos vivido de forma reciente con la pandemia: Castilla y León es el sexto territorio de todo el continente con mayor exceso de mortalidad en 2020, siendo el tercero del Estado español sólo por detrás de las también castellanas Madrid y Castilla-La Mancha . La subordinación nos cuesta, literalmente, la vida.
La convocatoria electoral del 13 de febrero puede apuntalar esta subordinación o suponer un cambio de escenario si se consolidan algunos de los proyectos que despuntan por todas partes. El surgimiento de distintas plataformas electorales vinculadas a los territorios por distintos motivos pone de manifiesto que se ha roto la continuidad de estos 40 años: el fortalecimiento del movimiento por la autonomía leonesa, las fracturas en el Partido Popular que dan lugar a XÁvila, o el mediático movimiento de la España Vaciada que plantea al menos 4 candidaturas en Soria, Palencia, Burgos y Segovia. Pero, en todo caso, la irrupción de nuevas fuerzas electorales difícilmente van a poder corregir el rumbo de unas instituciones atadas a un modelo de Estado para el que las provincias de Castilla y León son territorios de segunda.
Esos mismos territorios que poseen una gran riqueza en cuanto a experiencias de lucha y movimientos sociales que siempre han pujado por una mejor comunidad tanto en lo rural como en lo urbano. Conectar estas luchas en el espacio y en el tiempo se hace necesario para entendernos como pueblo. Mirarnos, reconocernos y entablar diálogos constructivos y participativos es más imprescindible que nunca ante el avance depredador de las políticas neoliberales. Con elecciones o sin ellas, con sus instituciones o sin ellas, al final sólo la comunidad se tiene así misma para mirar al futuro.
El momento actual exige retomar la senda del autogobierno. Reencontrar la tradición que siempre guió a las generaciones pasadas y llevarla a la práctica construyendo instituciones propias del pueblo. Retomar el hilo que desde hace siglos se inscribe en diferentes marcos territoriales hoy subyugados (municipios, comunidades y mancomunidades, comarcas, comunales…) para ponerles al servicio de lógicas de una buena vida y de un buen gobierno, y no de intereses ajenos. Sólo así podremos asegurar un verdadero cambio de rumbo para la vecindad de Castilla y de León. Sólo de esta forma podremos asegurar que el pueblo va un paso por delante del Estado. Sólo de esta forma el autogobierno podrá dar paso a una convivencia en el territorio marcada por el libre acuerdo y la federación, dejando atrás las imposiciones y el expolio centralista.
Castilla necesita dotarse de instituciones propias (políticas, sociales, económicas, deportivas, juveniles…) que permitan encontrarnos y deliberar. Decidir sobre nuestros propios destinos y dejar de actuar como súbditos de un imperio.
¡Es tiempo de que vuelvan las cigüeñas por San Blas!
¡Es tiempo de porvenir para esta tierra!
abrigaño - grupo de estudios castellanos 